lunes, 4 de diciembre de 2006

Reportaje Edificios en altura


Permisos de edificación:
ÑUÑOA Y SU MAL DE ALTURA

Ciudadanos de Ñuñoa denuncian que el alcalde, Pedro Sabat “utiliza procedimientos impositivos y autoritarios frente al Concejo Municipal”, instándolos a votar por los permisos de edificación sin otorgarles un plazo razonable de estudio de las materias. Mientras tanto la Red Ciudadana por Ñuñoa exige la modificación del Plan Regulador Comunal (PRC).




Al caer la tarde del pasado 3 de octubre, todavía se veían a las afueras del teatro municipal de Ñuñoa, las pancartas que llevaban la consigna de “NO A LA MASACRE URBANA”. Estas, escritas bajo el alero de distintas organizaciones vecinales y la Red Ciudadana por Ñuñoa (RCÑ) , en pos de exigir la congelación de los permisos de edificación en la comuna y la elaboración de un nuevo plan de regulación , distinto al presentado por el alcalde, Pedro Sabat.

Tres años atrás, Ñuñoa fue clasificada como la comuna de “Mejor Calidad de Vida” a nivel metropolitano, según afirma María Ana García, arquitecta y jefa de asesoría urbana de la comuna. Esto ha hecho que la ley de oferta y demanda haya generado un alto crecimiento de proyectos inmobiliarios en todo el sector urbano cercano al centro de la comuna (sector plaza Ñuñoa, principalmente). Pero como era de esperarse, los intereses antagónicos de los vecinos versus la Municipalidad, además de la burocracia de los procedimientos y la exigente representación de las organizaciones comunales, han develado serios conflictos de interés.
Los proyectos involucran la utilización de gran cantidad de superficie y además, produce un notable aumento en la densificación por metro cuadrado; en el espacio donde antes vivían dos familias, hoy, con la creciente demanda de construcciones, la cifra se eleva a 70 familias aproximadamente. Una diferencia nada despreciable.



La propuesta municipal, que fue apoyada por los concejales, planteaba por un lado, la reducción de la altitud de las construcciones, permitiendo un máximo de 5 o 7 pisos por edificio según sea la zona. Por otra parte, se propone la edificación en altura con plena libertad en los bordes periféricos de la comuna (no en el centro como se hacía hasta el momento), oferta que, según la RCÑ “no considera los segmentos más pobres y vulnerables de la comuna”, lo que generaría un grave impacto urbano, medioambiental y social sobre los sectores como la población Rosita Renard o Condominio 21 de mayo.
Las cartas estaban puestas sobre la mesa ya desde mayo. Pero los vecinos se negaron rotundamente a aceptar la propuesta del alcalde, la que, por lo demás, consideran “son soluciones parciales a problemáticas estructurales”. Frente a ello, se forjó la idea de convocar a una audiencia pública para plantear a Pedro Sabat, las nuevas demandas en la que se recolectaron más de mil firmas que apoyaban la moción de los vecinos.
La municipalidad no hizo oídos sordos frente al conflicto que se situó irremediablemente sobre el escenario ñuñoíno. Las autoridades sabían que el problema era prácticamente una bomba de tiempo y que las cifras de habitantes residentes en la comuna ya iban por los 53.894 según el último registro realizado a mediados de este año.

Para calmar los ánimos, Carlos Farías López, director de Obras Públicas del municipio, junto con la Dirección de Obras Municipales (DOM), se encargaron de formular un plan regulador que atendiera a las demandas propuestas por los vecinos, pero esta no tuvo la aprobación esperada. De hecho se exigió al Concejo Municipal, no una modificación del plano regulador existente, sino la creación de uno completamente nuevo. Además, cuenta Andrés Carreño, un integrante del grupo coordinador de la RCÑ, que se está intentando hacer reconsiderar a los concejales, acerca de sus posiciones frente a la primera propuesta del alcalde que “no hace más que perpetuar y agudizar la destrucción de la comuna”.
Denuncia la RCÑ que “Sabat otorga plazos muy breves para estudiar las materias en cuanto a dónde construir y si, en definitiva, hacerlo o no”. Esto causa según Carreño, que “las decisiones son tomadas muy a la ligera y, por supuesto, la mayoría de las veces son prácticamente influenciadas y dirigidas por el mismo Sabat”.

Ahora bien, la Municipalidad se ha encargado de hacer pública toda su gestión y frente a la preocupación de las organizaciones comunales, se ha propuesto, por un lado, actualizar el PRC con las últimas modificaciones experimentadas por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sobre todo en materia de publicidad y usos de suelo. Pero esto no basta para los vecinos; sus propuestas, según María Ana García, van más allá de lo que puede ofrecer el municipio. Por ejemplo, se exige eximir del pago de contribuciones a toda construcción que sea privada de asoleamiento o haya sido dañada por las nuevas construcciones. O también se pide que el municipio se comprometa a un plan de financiamiento para la reparación de las viviendas antiguas.

Una serie de peticiones y repuestas van y vienen desde ambos lados del ring, pero ninguno quiere dar su brazo a torcer. Hernán Figueroa, residente en una vivienda de las calles colindantes a la plaza de Ñuñoa y presidente de la junta de vecinos de un edificio de tres pisos, dice estar cansado de tanta conjetura respecto a las decisiones que se están tomando “no sé cuál es el problema, la cuestión es dejar de dar permisos para construir como si fueran, no sé, gotas de lluvia a cualquiera que lo pida, eso no puede ser. Es verdaderamente una falta de respeto a la comunidad”.




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